La jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, ratificó su decisión de suspender por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la Provincia, argumentando que la normativa actual no garantiza mayor seguridad para la sociedad.
Régimen Penal Juvenil
Según publicó Ámbito, La jueza que frenó el Régimen Penal Juvenil defendió su decisión: "Con esta ley no vamos a crear más seguridad".
Los fundamentos de la suspensión judicial
La medida cautelar, dictada tras un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, busca evaluar si la implementación inmediata de la Ley puede vulnerar derechos fundamentales. Según explicó Pascual, la normativa amplía el ingreso al sistema penal de adolescentes de 14 y 15 años y endurece las escalas, lo que derivaría en un aumento significativo de personas privadas de la libertad.
La jueza aclaró que su postura no implica una oposición a la baja de la edad de imputabilidad en sí misma, sino una crítica a la falta de herramientas adecuadas para el tratamiento de los jóvenes. "Con esta ley no vamos a crear más seguridad", sentenció al cuestionar el enfoque basado exclusivamente en el encierro.
Justicia restaurativa frente al encierro
Pascual, quien se define como garantista, sostuvo que el encierro por sí mismo no resuelve la problemática delictiva. En su lugar, abogó por la aplicación de la "justicia restaurativa", un modelo que busca que los jóvenes asuman la responsabilidad de sus actos mediante oficios, actividades y terapia.
"Hay que tratar de devolverle a la sociedad un chico que esté en condiciones de poder circular psíquicamente", afirmó la magistrada. Asimismo, advirtió que si no existen los mecanismos necesarios para la reinserción, la aplicación de la Ley resulta ineficaz tanto para los jóvenes como para la sociedad en su conjunto.
La resolución, firmada el pasado lunes 7 de septiembre, mantiene la suspensión preventiva durante dos meses, tiempo en el cual la Justicia deberá analizar el impacto real de la nueva legislación en el sistema penal bonaerense.
