Se realizó un encuentro entre representantes de la Secretaría de Justicia y Derechos humanos, junto a organismos vinculados al sistema penal juvenil y la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación. Permitió analizar los desafíos del sistema y definir líneas de trabajo para su implementación en la Provincia.
La Secretaría de Justicia y Derechos Humanos encabezó una jornada de trabajo interinstitucional junto a organismos vinculados al sistema penal juvenil y la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación. En este marco, la Provincia llevó adelante mesas de trabajo sobre la implementación y los desafíos del nuevo Régimen Penal Juvenil establecido por la Ley 27.801. La actividad se desarrolló en el Salón del Colegio de Abogados y Procuradores de la Provincia de Salta y fue encabezada por la subsecretaria de Justicia, Agustina Rizzoli , con la participación de la directora de la Unidad de Gabinete de Asesores de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Gloria Bonatto, junto a Ivana Carmona y el equipo técnico del organismo nacional.
El encuentro tuvo como objetivo generar un espacio de intercambio entre los distintos actores que intervienen en el sistema penal juvenil, identificar necesidades y desafíos y avanzar en propuestas de trabajo frente a las nuevas exigencias que plantea el régimen.
Durante las mesas se abordaron aspectos vinculados con la adecuación institucional y la capacidad operativa del sistema, incluyendo recursos humanos, equipos interdisciplinarios, infraestructura, protocolos, sistemas de información y articulación entre los organismos del Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Ministerio Público y otros actores vinculados.
También se analizaron las condiciones de alojamiento y el abordaje integral de adolescentes y jóvenes, con especial atención a salud integral y mental, educación, formación profesional, recreación, vínculos familiares, convivencia y mecanismos de protección de derechos.
Otro de los ejes estuvo relacionado con las medidas alternativas a la privación de libertad, la justicia restaurativa y la planificación del egreso. En este marco, se trabajó sobre el seguimiento territorial, la reparación del daño, la continuidad educativa y laboral, la revinculación familiar y comunitaria y el acceso a recursos sociales.
Participaron además representantes de la Subsecretaría de Derechos Humanos, la Dirección de Justicia Penal Juvenil, el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Secretaría de Derechos Humanos de la Corte de Justicia, equipos técnicos del Programa de Justicia Penal Juvenil y el Instituto de Derecho Penal del Colegio de Abogados de Salta, entre otros organismos.
