El expresidente de Paraguay, Santiago Peña, fue formalmente imputado este sábado por los delitos de lesión de confianza y administración en provecho propio, en una causa que investiga irregularidades financieras vinculadas a Ueno Bank.
Santiago Peña
Según publicó Ámbito, el exmandatario compareció ante el Ministerio Público tras un operativo de seguridad que derivó en su traslado al Regimiento Escolta Presidencial.
La situación judicial del exmandatario
La imputación fue presentada por los fiscales Elena Fiore, Christian Benítez, Silvia González Véster y Ruth Karina Benítez, quienes solicitaron la prisión preventiva para el exjefe de Estado. En la misma causa, también fue imputado el expresidente del Banco Central, Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, por lesión de confianza, administración en provecho propio y producción de documentos públicos de contenido falso.
El proceso judicial se aceleró tras la destitución de Santiago Peña mediante un juicio político en el Senado. Tras su detención inicial en su domicilio del barrio Mburucuyá, el exmandatario fue trasladado al Regimiento Escolta Presidencial ante la tensión generada por manifestaciones ciudadanas que exigían su encarcelamiento en Tacumbú.
La postura de la defensa
El abogado Ricardo Preda cuestionó duramente la medida de detención y rechazó la posibilidad de una prisión preventiva. El letrado calificó las acusaciones de la Fiscalía como "enunciaciones abstractas" y sostuvo que no existen elementos que justifiquen el riesgo de fuga o la obstrucción de la investigación.
"Se va a someter como cualquier ciudadano", afirmó Preda, quien además criticó que la posible solicitud de encarcelamiento responda a presiones públicas en lugar de fundamentos técnicos. La defensa insiste en que la privación de libertad debe ser una medida excepcional y no una sanción anticipada.
El Ministerio Público deberá ahora analizar los elementos aportados durante la declaración indagatoria para profundizar la investigación. Mientras tanto, Santiago Peña permanece bajo custodia a la espera de que un juez penal de garantías resuelva sobre las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público.
