La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó las condenas contra Roberto Quintián y Mercedes Baigorria, quienes fueron señalados como los administradores del bar Terra Nostra en Salvador Mazza, epicentro de una red de explotación sexual que operaba en la zona.
Terra Nostra
El fallo que sella las condenas
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron las presentaciones de las defensas por cuestiones formales, dejando firme la sentencia dictada originalmente por el Tribunal Oral Federal de Salta. Con esta resolución, se agota la vía recursiva ordinaria para los acusados.
Roberto Quintián y Mercedes Baigorria habían sido sentenciados a cinco años y seis meses de prisión por los delitos de facilitación y explotación de la prostitución, agravados por el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de las víctimas. En el mismo proceso, Viviana Nancy Gómez recibió una pena de cinco años de prisión como partícipe necesaria.
La red de explotación en Salvador Mazza
La investigación se originó en 2013 tras denuncias anónimas que alertaban sobre el funcionamiento de locales nocturnos en Salvador Mazza. Los procedimientos realizados en agosto de ese año permitieron el rescate de más de 30 mujeres y el secuestro de documentación clave, incluyendo registros de horarios, montos y referencias a los servicios sexuales ofrecidos.
Durante el juicio, el Tribunal Oral Federal, integrado por Gabriela Elisa Catalano, Domingo José Batule y María Alejandra Cataldi, dio por acreditado que los bares funcionaban como puntos de contacto para concretar servicios sexuales en hoteles de la zona, lucrando con la vulnerabilidad económica y social de las mujeres involucradas.
La absolución del exintendente
En el mismo debate oral, el exintendente Carlos Villalba llegó a juicio imputado por trata de personas con fines de explotación sexual. Sin embargo, el tribunal decidió absolverlo al considerar que no existían pruebas suficientes para acreditar su responsabilidad penal con el grado de certeza necesario, diferenciando su situación de la de los administradores de los locales nocturnos.
El caso, que se extendió por más de una década, contó con la participación de la Justicia y la intervención de organismos estatales como querellantes, cerrando ahora su etapa judicial con la confirmación de las penas por parte del máximo tribunal del país.
