Trata de personas: La Justicia Federal revocó el sobreseimiento de una mujer acusada de entregar a su hija adolescente a un hombre a cambio de una vivienda, en un caso que se originó en Concordia, Entre Ríos, y que derivó en el rescate de la menor en la provincia de Corrientes.
trata de personas
La causa por presunta trata de personas continuará su curso tras la intervención de la Cámara Federal de Casación Penal.
El origen de la denuncia
La investigación se inició en octubre de 2024 a partir de una comunicación anónima recibida en la Jefatura Departamental Concordia. La denunciante relató que la madre de la adolescente, de 15 años, la había entregado a un hombre de 57 años residente en Mercedes, Corrientes, bajo la promesa de recibir una casilla y dinero en efectivo.
Ante la falta de contacto con la joven y la desaparición de su actividad en redes sociales, se dio aviso a las autoridades. Tras diversas tareas de inteligencia y la intervención de la Gendarmería Nacional, se logró localizar a la menor y detener a los dos implicados en octubre de 2024.
Controversia judicial y revocación
En noviembre de 2024, el Juzgado Federal de Paso de los Libres procesó a ambos imputados con prisión preventiva. Sin embargo, en diciembre de 2025, la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes declaró la nulidad de las actuaciones policiales iniciales, argumentando una supuesta vulneración de garantías, lo que derivó en el sobreseimiento de los acusados.
El Ministerio Público Fiscal apeló la medida, logrando que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, revocara la nulidad. Los magistrados consideraron que la investigación contaba con pruebas independientes suficientes y que no existió coacción sobre la madre.
Finalmente, el 15 de octubre, la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, con la intervención de Fermín Ceroleni y Mirta Sotelo, dejó sin efecto los sobreseimientos, permitiendo que la causa por presunta trata de personas continúe su trámite judicial.
La resolución actual no implica una condena ni determina la culpabilidad de los involucrados, sino que habilita a la Justicia a retomar el análisis de las pruebas para esclarecer los hechos denunciados.
