Voucher Educativo: En un contexto marcado por la fuerte licuación de salarios que propician las políticas de Javier Milei y Luis Caputo, el Gobierno nacional se vio obligado a abandonar su discurso de no intervención para flexibilizar las condiciones del Programa de Asistencia Vouchers Educativos, evitando que las familias pierdan el beneficio ante la imposibilidad de cumplir con los aranceles escolares.
Voucher Educativo
Según publicó Minuto Uno, la morosidad en el pago de cuotas en instituciones de educación privada también se disparó merced de la licuación de salarios que impulsan Milei y Caputo.
El impacto de la crisis en la educación privada
La morosidad en las instituciones de Enseñanza Privada alcanzó el 11% este año, superando el 7% registrado durante el periodo anterior. Este incremento en la falta de pago es una consecuencia directa de la licuación de los salarios impulsada por las políticas económicas de Javier Milei y Luis Caputo.
Ante este escenario, el Gobierno abandonó por un momento su remanido discurso de no intervención en acuerdos entre privados y decidió suspender temporalmente los artículos 14 y 21 del Reglamento General del Programa de Asistencia Vouchers Educativos. La medida, oficializada a través de la Resolución 505/2026 y firmada por el Secretario de Educación, Carlos Torrendell, busca aliviar la situación financiera de los hogares beneficiarios.
Alcance de la medida oficial
La normativa establece que, durante el presente año, la falta de pago de dos o tres cuotas escolares no será motivo de suspensión ni de cancelación del beneficio. Anteriormente, el Reglamento General exigía que las escuelas informaran mensualmente sobre la mora de los beneficiarios, lo que derivaba en la interrupción del subsidio.
Es importante aclarar que esta decisión no implica una condonación de las deudas acumuladas por las familias con los establecimientos educativos. El Estado simplemente garantiza la continuidad del Voucher Educativo, evitando que la crisis económica derive en la pérdida definitiva de la asistencia estatal para la escolarización.
La Resolución marca un cambio en la postura oficial respecto a la intervención estatal en el pago de aranceles, priorizando la permanencia de los alumnos en el sistema privado frente a la creciente dificultad de las familias para cumplir con sus obligaciones financieras.
