Granja Tres Arroyos, referente histórica de la industria avícola en Argentina, solicitó la apertura de su concurso preventivo ante la Justicia. La medida busca ordenar sus pasivos financieros en un escenario de extrema gravedad, marcado por el cierre de plantas y la desvinculación de casi 1.730 trabajadores en diversos puntos del país.
Granja Tres Arroyos
Según informó Infobae, la empresa formalizó ante la Justicia su pedido de concurso preventivo para reorganizar sus obligaciones financieras, con casi 1.730 trabajadores desvinculados como telón de fondo.
Un pasivo millonario y el proceso judicial
La firma, controlada por la familia Grazia, formalizó el pedido de concurso preventivo a través de la sociedad Wade. La empresa arrastra una deuda estimada en 350,9 millones de dólares y, aunque intentó negociar quitas de hasta el 75% con sus acreedores mediante asistencia financiera, la situación operativa se tornó insostenible.
El deterioro de la compañía se reflejó en una serie de cierres y suspensiones que afectaron plantas en Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos. A pesar de los intentos de reestructuración, la Justicia deberá ahora intervenir para gestionar el futuro de la firma y sus obligaciones pendientes.
Incumplimiento de la conciliación y conflicto laboral
Desde fines de 2024, el conflicto ha dejado a cerca de 1.730 trabajadores desvinculados. La situación alcanzó su punto más crítico en agosto con la paralización de la planta de Capitán Sarmiento, donde se registraron más de 700 despidos. Otras instalaciones, como las de Pilar, Esteban Echeverría, Río Cuarto y Concepción, también sufrieron cierres o suspensiones masivas.
Ante este panorama, el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires dictó la conciliación obligatoria, ordenando la reincorporación del personal afectado. Sin embargo, Granja Tres Arroyos no acató la medida, lo que mantiene la incertidumbre sobre el pago de salarios, aguinaldos e indemnizaciones adeudadas.
El impacto social en Capitán Sarmiento
El impacto en Capitán Sarmiento es profundo, dado que la planta representaba una fuente de empleo clave para la economía local. Ante la falta de ingresos, la comunidad ha respondido con redes de solidaridad, ollas populares y asistencia alimentaria gestionada por el Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación y el municipio.
La intendenta Fernanda Astorino Hurtado confirmó que el municipio trabaja para brindar asistencia en servicios básicos y medicación a las familias afectadas, mientras los trabajadores aguardan definiciones sobre su futuro laboral en un contexto de extrema vulnerabilidad.
El ingreso al concurso preventivo representa un intento por reorganizar una situación financiera crítica. Mientras la Justicia analiza el proceso, el interrogante principal sigue siendo la resolución de los haberes impagos y la posibilidad de reactivación de las plantas que aún permanecen paralizadas tras el accionar de la empresa.
