La Justicia ratificó que el empresario Marcelo Porcel deberá someterse a una extracción de ADN en el marco de la causa en la que se encuentra imputado por graves delitos contra la integridad sexual de diez adolescentes. Además, se confirmó la elevación a juicio oral del expediente, tras el rechazo de los planteos presentados por su defensa.
Marcelo Porcel
Según informó Minuto Uno, la resolución judicial que obliga al imputado a aportar sus muestras genéticas fue dictada por los jueces Gustavo Bruzzone y Pablo Jantus.
Rechazo a los planteos de la defensa
La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional desestimó un recurso presentado por los abogados de Porcel, quienes buscaban impedir la obtención de su perfil genético para el Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados con la Investigación Criminal. La defensa argumentaba que la medida vulneraba garantías como la presunción de inocencia y el derecho a la intimidad, además de cuestionar la aplicación de la normativa vigente.
Sin embargo, los magistrados Gustavo Bruzzone y Pablo Jantus declararon inadmisible el planteo, ratificando una decisión previa de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. De esta manera, se allana el camino para la incorporación de sus datos al Registro Nacional.
Elevación a juicio oral
El titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50, Carlos Bruniard, dio por finalizada la instrucción y elevó la causa a la instancia de debate oral. El proceso estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14, con la intervención del fiscal Fernando María Klappenbach en representación del Ministerio Público Fiscal.
La investigación, liderada por el fiscal Pablo Turano, sostiene que entre 2022 y 2024, Porcel habría abusado sexualmente y corrompido a diez adolescentes, compañeros de colegio de sus hijos, en domicilios de Palermo y Puerto Madero, además de oficinas y otros espacios sociales.
Graves acusaciones
El requerimiento de elevación a juicio detalla una serie de delitos graves, incluyendo abuso sexual agravado por sometimiento gravemente ultrajante y aprovechamiento de la situación de guarda, así como corrupción de menores agravada. Según la acusación, el imputado habría realizado tocamientos impúdicos a menores de entre once y quince años, desviando su normal desarrollo psicosexual.
De acuerdo con el Código Penal de la Nación, estos delitos contemplan penas de entre 8 y 20 años de prisión por el abuso sexual, y de 10 a 15 años por los hechos de corrupción de menores. Por el momento, el inicio del debate oral ante el Tribunal Oral no cuenta con una fecha definida.
La causa, que ha generado una fuerte repercusión, se centra en el accionar del empresario durante encuentros organizados en sus propiedades, donde habría aprovechado su posición para cometer los hechos denunciados contra los menores.
