La administración municipal de Hipólito Yrigoyen, bajo la conducción de María Soledad Cabrera, se encuentra en el ojo de la tormenta ante una creciente ola de denuncias penales y reclamos por la opacidad en el manejo de los recursos públicos, sumado al deterioro evidente de los servicios en la localidad.
María Soledad Cabrera
Según publicó Nuevo Diario de Salta, el Ejecutivo municipal enfrenta un escenario de alta conflictividad judicial.
Denuncias penales y sospechas de irregularidades
La situación judicial de la intendenta se agravó tras la ratificación de dos denuncias penales presentadas por seis concejales ante la Fiscalía Penal de Orán. Los ediles cuestionan inconsistencias en la ejecución presupuestaria de 2025, señalando discrepancias entre los recursos informados y las obras efectivamente realizadas. Además, se investiga el sorteo de una motocicleta en un evento municipal, donde el rodado habría sido aportado por un particular que, simultáneamente, gestionaba la adjudicación de un inmueble estatal.
En paralelo, la abogada Estela Mabel Castillo impulsó una acción judicial colectiva que derivó en una orden del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Segunda Nominación de Orán. El fallo obligó a la Municipalidad a presentar documentación detallada sobre contratos, balances y empresas contratistas. Sin embargo, la letrada denunció que la información entregada por el Ejecutivo fue insuficiente, incompleta y carente de facturas, lo que motivó nuevas presentaciones por presunto fraude a la administración pública, falsedad ideológica y malversación de caudales.
Crisis institucional y malestar vecinal
El conflicto no es nuevo, ya que desde junio de 2026 los concejales Gabriel Hoyos y Carla González han insistido en la necesidad de fortalecer los mecanismos de control, planteando incluso la posibilidad de un juicio político. La falta de respuestas claras por parte de María Soledad Cabrera y su equipo, incluyendo al secretario de Gobierno, Juan José López, ha profundizado el descontento social.
Los vecinos han manifestado su indignación ante el estado de abandono de la infraestructura local, citando problemas en avenidas principales y la acumulación de basura en sectores como las 62 Hectáreas. Mientras la Justicia avanza en la investigación de las responsabilidades de los funcionarios de Hacienda y Obras Públicas, desde el Ejecutivo municipal se mantiene un hermético silencio.
La Justicia de Orán mantiene bajo examen la documentación presentada, mientras la comunidad de Hipólito Yrigoyen aguarda definiciones sobre el destino de los fondos públicos y la transparencia de una gestión que enfrenta cuestionamientos cada vez más graves.
