Petrolera Rockhopper mantiene sus planes: La empresa Rockhopper confirmó que no modificará su cronograma para iniciar la extracción de petróleo en las Islas Malvinas en 2028. A pesar de la reciente ofensiva diplomática y judicial de Argentina, la firma sostiene que el proyecto Sea Lion cuenta con licencias válidas y el apoyo político del Reino Unido.
petrolera Rockhopper mantiene sus planes
Según publicó TN, La compañía destacó el respaldo del gobierno del Reino Unido y.
La postura de la empresa ante la ofensiva nacional
En su último balance semestral, Rockhopper desestimó el impacto de las acciones legales iniciadas por el Gobierno. La compañía, que posee el 35% del proyecto Sea Lion, aseguró que las medidas tomadas desde la Casa Rosada, incluyendo el reciente Decreto de Necesidad y Urgencia y la intención de acudir al Tribunal Internacional de Derechos del Mar, carecen de justificación jurídica.
Samuel Moody, director ejecutivo de la firma, calificó este momento como un periodo decisivo y confirmó que la meta de producción para el primer trimestre de 2028 se mantiene firme. Según la empresa, cuentan con la financiación necesaria para avanzar hasta la etapa de extracción, respaldados por el apoyo constante del Reino Unido y de las Islas.
Detalles del proyecto y respaldo operativo
El proyecto Sea Lion es operado por la empresa Navitas, con sede en Tel Aviv, que posee el 65% de la participación. Ambas compañías han insistido en que operan bajo licencias otorgadas legalmente por el gobierno local de las Islas, al cual definen como un Territorio Británico de Ultramar con autogobierno.
Desde la operadora indicaron que no prevén que los acontecimientos recientes alteren el desarrollo de las actividades ni el calendario de ejecución. Rockhopper, que descubrió el yacimiento en 2010, reafirmó su compromiso con la cuenca norte de las Malvinas, ignorando los reclamos de soberanía que el presidente Javier Milei ha intensificado en las últimas semanas en el Congreso y otros ámbitos internacionales.
La situación se mantiene en un punto de tensión, mientras el Gobierno continúa con su estrategia de reclamos diplomáticos y denuncias penales contra las empresas que operan en la zona, buscando reafirmar la soberanía sobre el archipiélago.
