Ante la falta de pago de una cuota alimentaria que asciende a casi cuatro millones de pesos, la justicia tomó medidas restrictivas contra un progenitor para forzar el cumplimiento de sus obligaciones. La resolución busca disuadir al deudor mediante la limitación de consumos no esenciales y la inhabilitación de su permiso para conducir.
cuota alimentaria
Según publicó Elonce, Un juzgado ordenó averiguar qué servicios digitales tenía contratados un progenitor y suspenderlos si estaban a su nombre.
Restricciones sobre servicios digitales y movilidad
El Juzgado Multifueros de Bolsón ordenó a diversas plataformas digitales, entre ellas Netflix, Disney+, Max, Prime Video, Spotify y YouTube, que informen si el hombre posee cuentas a su nombre. En caso afirmativo, las empresas deberán suspender el servicio y bloquear la posibilidad de nuevas contrataciones hasta que se regularice la situación.
La medida, fundamentada en el artículo 553 del Código Civil y Comercial, no tiene un fin sancionatorio, sino que busca ser una herramienta de presión para garantizar el derecho alimentario de los hijos. Asimismo, se notificó a la municipalidad correspondiente para que inhabilite la licencia de conducir del deudor y evite su renovación.
Búsqueda de bienes y alcance de la obligación
Además de las restricciones personales, el Poder Judicial solicitó informes a los Registros de la Propiedad Inmueble de Río Negro y Neuquén para localizar bienes que puedan ser embargados. La magistrada desestimó, por el momento, la aplicación de multas económicas adicionales al considerar que no resultarían eficaces para el cobro inmediato de la deuda.
El fallo subraya que la cuota alimentaria abarca mucho más que la alimentación, incluyendo vivienda, salud, educación y esparcimiento. La jueza enfatizó que el incumplimiento sistemático de este deber básico no solo afecta el interés superior de los hijos, sino que puede configurarse como una forma de violencia económica hacia el progenitor que ejerce el cuidado diario.
La resolución judicial deja abierta la posibilidad de avanzar hacia una instancia penal si el deudor persiste en su conducta, buscando siempre que los recursos necesarios para el desarrollo de los menores sean efectivamente percibidos.
